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Misión:

La República de Yibuti, desde su acceso a la independencia el 27 de junio de 1977, nunca ha dejado de recibir refugiados en su territorio y tiene una larga tradición en la gestión de personas que buscan protección internacional. De hecho, hasta la fecha, el país ha acogido a más de 30.000 refugiados en la capital y en los campos de Ali-Addeh y Holl-Holl1. Las poblaciones de refugiados son principalmente somalíes, etíopes, yemeníes y eritreos que han huido de los conflictos en sus países de origen. Sin embargo, esta tradición de acogida está dando lugar a una situación de «crisis prolongada de refugiados». En efecto, estas poblaciones se enfrentan generalmente a condiciones de vida caracterizadas por un difícil acceso a la sanidad, la educación, los servicios básicos y otros medios que podrían permitirles acceder plenamente a la autonomía y la autosuficiencia. 

El año 2017 fue, sin embargo, esperanzador con la promulgación de la Ley Nacional del Estatuto del Refugiado (NRSL). El artículo 14 de la LRN menciona, entre otras cosas, que los refugiados y solicitantes de asilo que residen en la República de Yibuti son beneficiarios de los derechos fundamentales establecidos en los capítulos II, III, IV y V de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados de 28 de julio de 1951.

Sin embargo, debido a la falta de financiación y a los numerosos actores institucionales involucrados en la LRN, este instrumento legal está experimentando algunas dificultades en su aplicación. Por ello, el Gobierno de Yibuti desea realizar un diagnóstico de la aplicación de la LRN, tanto a nivel institucional como operativo, para proponer soluciones que faciliten el acceso de los refugiados a los servicios a los que tienen derecho.

Resultado:

Se han elaborado los siguientes entregables :

• un informe de diagnóstico con un análisis completo de las debilidades sectoriales relacionadas con la aplicación de la ley
• un informe de los talleres de intercambio de diagnósticos y de las recomendaciones
• Planes de acción, comunicación y sensibilización en 5 sectores prioritarios: espíritu empresarial, banca, acceso a la sanidad y a los servicios sociales básicos, acceso a la educación y acceso a la propiedad, así como un plan de acción transversal.