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Misión:

En noviembre de 2019, WCS ganó la licitación de los bloques 1 y 2 de una mina de hierro a cielo abierto en la cordillera de Simandou, al noreste de Guinea. El yacimiento de Simandou, con una superficie de 362 km², es la mayor reserva mundial de mineral de hierro de alta calidad sin explotar, con más de 1.800 millones de toneladas de reservas estimadas y un contenido de hierro superior al 65,5%.

WCS encargó a Insuco la realización de una Evaluación de Impacto Social (EIS) de acuerdo con la legislación guineana y las normas internacionales (Principios del Ecuador, Normas de Desempeño de la IFC) para la zona de la mina.

El primer paso fue establecer un Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) y una Línea de Base Social (LBS) para la zona minera del proyecto. El viaje a campo del PPPI identificó, a través de consultas públicas en la prefectura de Kérouané, donde se encuentra la concesión minera, a todas las partes interesadas en el proyecto (autoridades locales y regionales, comunidades, sociedad civil, etc.). También se identificaron y cartografiaron las localidades situadas directamente en la zona de impacto del proyecto.

Tras el PPPI, los equipos de Insuco se desplazaron de nuevo a campo para realizar encuestas socioeconómicas en una muestra de hogares de los alrededores de la mina. Diferenciando entre zonas urbanas y rurales, se elaboró un inventario de las características tanto sociales como económicas de los hogares sobre una serie de temas: origen étnico, salud, nivel de educación, ingresos, actividades profesionales, nivel de endeudamiento, etc. Estas encuestas permitieron elaborar un mapa de la zona y de sus habitantes, así como el LBS completo de la zona de la mina. También se estudiaron las infraestructuras, el patrimonio y los lugares culturales, y se realizaron consultas para establecer una tipología de estos lugares y una clasificación de su nivel de importancia.

Por último, sobre la base de estos estudios, se realizó una Evaluación de Impactos Sociales (EIS), basada en consultas y entrevistas individuales con las autoridades locales, los representantes de las comunidades y las poblaciones (incluidas las poblaciones vulnerables – jóvenes, mujeres, ancianos, agricultores, etc.). Esto permitió medir los impactos de los distintos componentes del proyecto para las comunidades, y proponer medidas de mitigación asociadas. Se elaboró un plan de gestión social, con un calendario y un presupuesto de ejecución.

Resultado:

Insuco entregó al cliente:

• Un plan de participación de las partes interesadas que incluye: (i) una metodología de estudio y la planificación de las consultas; (ii) una identificación de las partes interesadas pertinentes según su nivel de compromiso; (iii) un plan de comunicación adaptado a cada tipo de grupos (autoridades locales y regionales, comunidades, sociedad civil, etc.); (iv) una descripción detallada de todo el proceso de consulta y de las conclusiones alcanzadas; (v) un mecanismo de gestión de reclamaciones; (vi) las actas de las consultas; (vii) las listas de asistencia a las consultas públicas.
• Un estudio de base social que incluye: (i) un análisis de la situación socioeconómica de los hogares; (ii) un análisis de las dinámicas relacionadas con la propiedad de la tierra en la zona de estudio; (iii) mapas temáticos relativos a la ubicación de los pueblos y las infraestructuras; (iv) una cartografía de los sitios del patrimonio cultural; (v) una tipología de los sitios del patrimonio cultural y una clasificación según su grado de importancia; (vi) una revisión de los servicios de los ecosistemas.
• Una evaluación del impacto social que incluya: (i) un informe en el que se detallen los impactos de cada fase del proyecto; (ii) una matriz de impacto que muestre los impactos de los diferentes componentes del proyecto sobre la población, así como las medidas de mitigación asociadas; (iii) una evaluación de los impactos en materia de derechos humanos.
• El plan genérico de gestión social del proyecto incluirá: (i) un calendario y un presupuesto para la aplicación de las medidas de mitigación; (ii) una identificación de los planes específicos a desarrollar